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M. Albert Hernández
Tabasco
Integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños advirtieron un panorama de vulnerabilidad legal tras las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, al considerar que éstas limitan la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos constitucionales.
Sergio Antonio Reyes Ramos, miembro del organismo, señaló que los cambios eliminan instancias clave de interpretación y vigilancia del cumplimiento de la Constitución local, lo que deja al ciudadano en una posición más débil frente a posibles violaciones.
“Esto quiere decir que el ciudadano está quedando indefenso por violaciones a la Constitución local, porque a nivel amparo ya no vamos a poder argumentar cuestiones de continuidad, sino de legitimidad. Es decir, tenemos una instancia menos. Entonces, el panorama que vemos es muy vulnerable”, expresó.
El abogado consideró que la situación representa un retroceso en materia de garantías individuales, similar a lo que ocurría a mediados del siglo pasado, cuando el interés jurídico era limitado.
Reyes Ramos explicó que, con la nueva norma, sólo podrán tramitarse amparos cuando exista una afectación directa, lo que reduce las posibilidades de defensa preventiva ante actos de autoridad.
“Pareciera que el modelo es proteger al gobierno de las acciones de los ciudadanos, cuando debe ser al revés, porque quien debe estar protegido es el ciudadano”, concluyó.
Sergio Antonio Reyes Ramos, miembro del organismo, señaló que los cambios eliminan instancias clave de interpretación y vigilancia del cumplimiento de la Constitución local, lo que deja al ciudadano en una posición más débil frente a posibles violaciones.
“Esto quiere decir que el ciudadano está quedando indefenso por violaciones a la Constitución local, porque a nivel amparo ya no vamos a poder argumentar cuestiones de continuidad, sino de legitimidad. Es decir, tenemos una instancia menos. Entonces, el panorama que vemos es muy vulnerable”, expresó.
El abogado consideró que la situación representa un retroceso en materia de garantías individuales, similar a lo que ocurría a mediados del siglo pasado, cuando el interés jurídico era limitado.
Reyes Ramos explicó que, con la nueva norma, sólo podrán tramitarse amparos cuando exista una afectación directa, lo que reduce las posibilidades de defensa preventiva ante actos de autoridad.
“Pareciera que el modelo es proteger al gobierno de las acciones de los ciudadanos, cuando debe ser al revés, porque quien debe estar protegido es el ciudadano”, concluyó.