291 vistas
M. Albert Hernández
Tabasco
De enero a agosto de 2025, 667 adolescentes y jóvenes tabasqueños, de entre 12 y 24 años de edad, han entrado en conflicto con la ley, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las cifras provienen del documento “Estadística de Población Nacional de Adolescentes con medidas cautelares, de sanción privativas y no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso”, el cual detalla que, a nivel nacional, solo en agosto 5 mil 986 personas adolescentes y jóvenes fueron registradas en esta condición, aunque únicamente mil 768 fueron internadas en centros especializados.
Los delitos más cometidos por adolescentes en México, según el INEGI, son las lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo.
Se considera en conflicto con la ley a toda persona a la que se le atribuya la comisión o participación en un hecho delictivo mientras era adolescente, es decir, mayor de 12 años y menor de 18. También se incluyen jóvenes de 18 a 23 años cuando el delito fue cometido antes de alcanzar la mayoría de edad.
Hasta antes de 2016, los casos de adolescentes implicados en delitos se resolvían bajo un sistema tutelar del Estado, en el que se les retiraba del entorno familiar para quedar bajo custodia institucional.
Sin embargo, desde junio de 2016, con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el enfoque cambió por completo.
Dicha legislación establece que las autoridades deben actuar bajo los principios del interés superior de la infancia, autonomía progresiva y protección integral, reconociendo a las y los adolescentes como sujetos plenos de derechos.
El objetivo, de acuerdo con la SSPC, es garantizar su reintegración social y procurar que cualquier medida, incluso las sanciones privativas de la libertad, se adopten desde una perspectiva de desarrollo humano y no punitiva.
Las cifras provienen del documento “Estadística de Población Nacional de Adolescentes con medidas cautelares, de sanción privativas y no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso”, el cual detalla que, a nivel nacional, solo en agosto 5 mil 986 personas adolescentes y jóvenes fueron registradas en esta condición, aunque únicamente mil 768 fueron internadas en centros especializados.
Los delitos más cometidos por adolescentes en México, según el INEGI, son las lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo.
Se considera en conflicto con la ley a toda persona a la que se le atribuya la comisión o participación en un hecho delictivo mientras era adolescente, es decir, mayor de 12 años y menor de 18. También se incluyen jóvenes de 18 a 23 años cuando el delito fue cometido antes de alcanzar la mayoría de edad.
Hasta antes de 2016, los casos de adolescentes implicados en delitos se resolvían bajo un sistema tutelar del Estado, en el que se les retiraba del entorno familiar para quedar bajo custodia institucional.
Sin embargo, desde junio de 2016, con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el enfoque cambió por completo.
Dicha legislación establece que las autoridades deben actuar bajo los principios del interés superior de la infancia, autonomía progresiva y protección integral, reconociendo a las y los adolescentes como sujetos plenos de derechos.
El objetivo, de acuerdo con la SSPC, es garantizar su reintegración social y procurar que cualquier medida, incluso las sanciones privativas de la libertad, se adopten desde una perspectiva de desarrollo humano y no punitiva.