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Redacción
Nacional
Durante su gestión como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández adjudicó contratos por 592 millones de pesos a empresas vinculadas con amigos y clientes de su notaría, principalmente para la construcción del distribuidor vial de Avenida Universidad, en Villahermosa.
De acuerdo con documentos oficiales y registros públicos, las compañías Constructora Santandreu y CM del Golfo concentraron la mayoría de las licitaciones de la obra, pese a que otras empresas ofrecieron precios más bajos. Ambas firmas habían sido clientes de las notarías 13 y 27, administradas por los hermanos López Hernández.
El proyecto, planeado para concluir en 2022 con un presupuesto inicial de 526 millones de pesos, terminó hasta 2024 con un sobrecoste del 20%, alcanzando un gasto total superior a los 670 millones. En las licitaciones, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco desechó la mayoría de las propuestas, dejando como únicas competidoras a las empresas relacionadas con Santandreu y CM del Golfo.
El Centro Global Anticorrupción en Infraestructura ha señalado que este tipo de prácticas —descartar competidores y favorecer a contratistas cercanos al poder— son indicios de manipulación en los procesos de licitación pública.
Constructora Santandreu, propiedad de Manuel Santandreu, amigo de juventud del ahora senador, recibió 477 millones de pesos en cinco licitaciones, mientras que CM del Golfo, vinculada con José Rubén Ferrer del Río, obtuvo 115 millones. Ferrer ha sido señalado por vender equipo médico a hospitales estatales durante el gobierno de López Hernández.
Pese a los retrasos, sobrecostos y críticas vecinales por la utilidad del distribuidor, las empresas relacionadas con el exgobernador continuaron ganando contratos adicionales para corregir fallas y realizar obras complementarias.
Hasta el cierre de esta edición, el equipo de comunicación del senador no ha respondido a las solicitudes de información sobre los contratos y el posible conflicto de interés.
FUENTE: EL PAÍS
De acuerdo con documentos oficiales y registros públicos, las compañías Constructora Santandreu y CM del Golfo concentraron la mayoría de las licitaciones de la obra, pese a que otras empresas ofrecieron precios más bajos. Ambas firmas habían sido clientes de las notarías 13 y 27, administradas por los hermanos López Hernández.
El proyecto, planeado para concluir en 2022 con un presupuesto inicial de 526 millones de pesos, terminó hasta 2024 con un sobrecoste del 20%, alcanzando un gasto total superior a los 670 millones. En las licitaciones, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco desechó la mayoría de las propuestas, dejando como únicas competidoras a las empresas relacionadas con Santandreu y CM del Golfo.
El Centro Global Anticorrupción en Infraestructura ha señalado que este tipo de prácticas —descartar competidores y favorecer a contratistas cercanos al poder— son indicios de manipulación en los procesos de licitación pública.
Constructora Santandreu, propiedad de Manuel Santandreu, amigo de juventud del ahora senador, recibió 477 millones de pesos en cinco licitaciones, mientras que CM del Golfo, vinculada con José Rubén Ferrer del Río, obtuvo 115 millones. Ferrer ha sido señalado por vender equipo médico a hospitales estatales durante el gobierno de López Hernández.
Pese a los retrasos, sobrecostos y críticas vecinales por la utilidad del distribuidor, las empresas relacionadas con el exgobernador continuaron ganando contratos adicionales para corregir fallas y realizar obras complementarias.
Hasta el cierre de esta edición, el equipo de comunicación del senador no ha respondido a las solicitudes de información sobre los contratos y el posible conflicto de interés.
FUENTE: EL PAÍS