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Redacción
Nacional
Una red de cinco notarías públicas, encabezadas por el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y cuatro de sus allegados, constituyó, certificó movimientos o modificó estructuras accionarias de al menos 10 empresas que más tarde obtuvieron contratos multimillonarios con el gobierno federal y estatal.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y la Plataforma Nacional de Transparencia, estas compañías participaron en obras como la refinería de Dos Bocas, la construcción de oficinas y ductos, la renta de maquinaria para Pemex y la venta de equipo médico al IMSS-Bienestar, con ganancias que superan los 11 mil millones de pesos.
Empresas beneficiadas y notarías implicadas
Las notarías relacionadas son la 27, a cargo de Adán Augusto López; la 15, antes dirigida por Gonzalo Oyosa Zapata; la 29, de Narciso Oropeza Andrade y su hijo Ramón Oropeza Lutzow; la 30, de Jaime Humberto Lastra Bastar; y la 4, que pasó de Miguel Cachón Álvarez a su hijo Manuel Alejandro Cachón Silván.
Estas oficinas legales avalaron la constitución, compraventa de acciones, poderes notariales y modificaciones de empresas que posteriormente fueron contratadas por Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Energía (Sener) y el IMSS-Bienestar.
Entre las beneficiadas se encuentran Constructora Elvic, Escudero Construcciones, Gravera Río Puxcatán, Consorcio Crismar, Electromecánica y Construcción Domex del Sureste, Portacelis Gas and Oil, Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, Romedic, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Constructores Aprobados.
Contratos multimillonarios con Pemex y dependencias federales
Constructora Elvic, fundada en 1985 por Víctor Hugo Pérez Olave en la notaría del padre de Adán Augusto, comenzó a operar con la fe del actual exgobernador desde 2005. Tras ser un negocio local, en 2019 obtuvo su primer contrato con Pemex Exploración y Producción por 236 millones de pesos, y en 2023 firmó otro por 986 millones para construir oficinas e instalaciones en Tabasco.
Otra compañía, Escudero Construcciones, constituida en la Notaría 27, obtuvo junto a Elvic la licitación de 986 millones de pesos con Pemex, y en 2024 consiguió un contrato de 969 millones para el libramiento de Villahermosa.
Gravera Río Puxcatán, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad estatal Hernán Bermúdez, recibió entre 2021 y 2025 contratos por más de 46 millones de pesos con Pemex y 16 millones con la SICT.
Vínculos con el grupo de Hernán Bermúdez
La red de empresas y notarías también alcanza a familiares y socios de Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay como presunto líder del grupo criminal La Barredora.
La empresa Consorcio Crismar S.A. de C.V., mencionada en la causa penal 386/2025 de la Fiscalía General de la República (FGR), fue constituida en la Notaría 27 de López Hernández. Entre sus accionistas figura Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias El Licenciado Tomasín, señalado como segundo al mando de La Barredora.
De acuerdo con los registros, otras compañías vinculadas a los Bermúdez —como Grupo Industrial Samaria, Inmobiliaria y Constructora Samaria y Constructores Aprobados— realizaron asambleas y modificaciones legales ante la fe de las notarías 27 y 30, encabezadas por Adán Augusto y Jaime Lastra Bastar, ambos exfuncionarios durante el sexenio de Manuel Gurría.
Huachicol fiscal y empresas sancionadas
En esta red también figura Portacelis Gas and Oil, empresa que obtuvo un permiso de importación de hidrocarburos otorgado por la Secretaría de Energía bajo la gestión de Rocío Nahle, a menos de un año de su creación. En 2023, el SAT la inhabilitó por introducir combustible sin declararlo como tal, en una operación calificada como huachicol fiscal.
Portacelis fue constituida por Miguel Ángel Aparicio en la notaría de Manuel Alejandro Cachón, y más tarde se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, empresa de Amílcar Olán Aparicio, sobrino del propietario original.
Olán, señalado por presuntos sobrecostos en contratos del IMSS-Bienestar durante la pandemia, también constituyó Romedic, Aman Desarrollos y JAOA Corporativo, todas bajo la fe notarial de Cachón Silván.
Red que se mantiene activa
De acuerdo con los registros mercantiles, la Notaría 29 de los Oropeza también tramitó poderes y modificaciones de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa ligada a la apertura de casinos y casas de apuestas en la Península de Yucatán, donde también participan socios de los Bermúdez Requena.
Además, Electromecánica y Construcción Domex del Sureste, creada en 2020 y vinculada a las notarías 4 y 29, ha recibido siete contratos federales en los últimos cinco años, entre ellos uno con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) por 638 millones de pesos y dos más con Pemex por 448 y 222 millones, respectivamente.
Las operaciones notariales que dieron origen o legitimidad a esta red de empresas reflejan cómo las notarías encabezadas por Adán Augusto López Hernández y sus allegados se convirtieron en puertas de entrada a negocios públicos multimillonarios, con vínculos que alcanzan a exfuncionarios, contratistas y presuntos integrantes del crimen organizado.
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha iniciado investigaciones públicas sobre las notarías involucradas, pese a los múltiples contratos y sanciones fiscales documentadas por la FGR, el SAT y la Plataforma Nacional de Transparencia.
FUENTE: EL UNIVERSAL
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y la Plataforma Nacional de Transparencia, estas compañías participaron en obras como la refinería de Dos Bocas, la construcción de oficinas y ductos, la renta de maquinaria para Pemex y la venta de equipo médico al IMSS-Bienestar, con ganancias que superan los 11 mil millones de pesos.
Empresas beneficiadas y notarías implicadas
Las notarías relacionadas son la 27, a cargo de Adán Augusto López; la 15, antes dirigida por Gonzalo Oyosa Zapata; la 29, de Narciso Oropeza Andrade y su hijo Ramón Oropeza Lutzow; la 30, de Jaime Humberto Lastra Bastar; y la 4, que pasó de Miguel Cachón Álvarez a su hijo Manuel Alejandro Cachón Silván.
Estas oficinas legales avalaron la constitución, compraventa de acciones, poderes notariales y modificaciones de empresas que posteriormente fueron contratadas por Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Energía (Sener) y el IMSS-Bienestar.
Entre las beneficiadas se encuentran Constructora Elvic, Escudero Construcciones, Gravera Río Puxcatán, Consorcio Crismar, Electromecánica y Construcción Domex del Sureste, Portacelis Gas and Oil, Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, Romedic, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Constructores Aprobados.
Contratos multimillonarios con Pemex y dependencias federales
Constructora Elvic, fundada en 1985 por Víctor Hugo Pérez Olave en la notaría del padre de Adán Augusto, comenzó a operar con la fe del actual exgobernador desde 2005. Tras ser un negocio local, en 2019 obtuvo su primer contrato con Pemex Exploración y Producción por 236 millones de pesos, y en 2023 firmó otro por 986 millones para construir oficinas e instalaciones en Tabasco.
Otra compañía, Escudero Construcciones, constituida en la Notaría 27, obtuvo junto a Elvic la licitación de 986 millones de pesos con Pemex, y en 2024 consiguió un contrato de 969 millones para el libramiento de Villahermosa.
Gravera Río Puxcatán, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad estatal Hernán Bermúdez, recibió entre 2021 y 2025 contratos por más de 46 millones de pesos con Pemex y 16 millones con la SICT.
Vínculos con el grupo de Hernán Bermúdez
La red de empresas y notarías también alcanza a familiares y socios de Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay como presunto líder del grupo criminal La Barredora.
La empresa Consorcio Crismar S.A. de C.V., mencionada en la causa penal 386/2025 de la Fiscalía General de la República (FGR), fue constituida en la Notaría 27 de López Hernández. Entre sus accionistas figura Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias El Licenciado Tomasín, señalado como segundo al mando de La Barredora.
De acuerdo con los registros, otras compañías vinculadas a los Bermúdez —como Grupo Industrial Samaria, Inmobiliaria y Constructora Samaria y Constructores Aprobados— realizaron asambleas y modificaciones legales ante la fe de las notarías 27 y 30, encabezadas por Adán Augusto y Jaime Lastra Bastar, ambos exfuncionarios durante el sexenio de Manuel Gurría.
Huachicol fiscal y empresas sancionadas
En esta red también figura Portacelis Gas and Oil, empresa que obtuvo un permiso de importación de hidrocarburos otorgado por la Secretaría de Energía bajo la gestión de Rocío Nahle, a menos de un año de su creación. En 2023, el SAT la inhabilitó por introducir combustible sin declararlo como tal, en una operación calificada como huachicol fiscal.
Portacelis fue constituida por Miguel Ángel Aparicio en la notaría de Manuel Alejandro Cachón, y más tarde se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, empresa de Amílcar Olán Aparicio, sobrino del propietario original.
Olán, señalado por presuntos sobrecostos en contratos del IMSS-Bienestar durante la pandemia, también constituyó Romedic, Aman Desarrollos y JAOA Corporativo, todas bajo la fe notarial de Cachón Silván.
Red que se mantiene activa
De acuerdo con los registros mercantiles, la Notaría 29 de los Oropeza también tramitó poderes y modificaciones de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa ligada a la apertura de casinos y casas de apuestas en la Península de Yucatán, donde también participan socios de los Bermúdez Requena.
Además, Electromecánica y Construcción Domex del Sureste, creada en 2020 y vinculada a las notarías 4 y 29, ha recibido siete contratos federales en los últimos cinco años, entre ellos uno con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) por 638 millones de pesos y dos más con Pemex por 448 y 222 millones, respectivamente.
Las operaciones notariales que dieron origen o legitimidad a esta red de empresas reflejan cómo las notarías encabezadas por Adán Augusto López Hernández y sus allegados se convirtieron en puertas de entrada a negocios públicos multimillonarios, con vínculos que alcanzan a exfuncionarios, contratistas y presuntos integrantes del crimen organizado.
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha iniciado investigaciones públicas sobre las notarías involucradas, pese a los múltiples contratos y sanciones fiscales documentadas por la FGR, el SAT y la Plataforma Nacional de Transparencia.
FUENTE: EL UNIVERSAL