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Redacción
Tabasco
La figura de la prisión preventiva oficiosa en México vulnera el principio de presunción de inocencia y representa una violación a los derechos humanos, aseguró el abogado Juan Alberto Magaña Ovando, durante la presentación de su libro “Prisión Preventiva: Fundamentos Procesales, Doctrinales, Jurisprudenciales y Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En entrevista, el defensor de los implicados en la serie documental “Duda Razonable” sostuvo que este mecanismo, lejos de garantizar justicia, se ha convertido en una herramienta utilizada con fines políticos. “En muchos casos, la prisión preventiva se usa como una especie de vendetta contra adversarios, lo que contradice los principios fundamentales del derecho penal y del debido proceso”, afirmó.
Magaña Ovando subrayó que este problema es exclusivamente nacional, ya que en el ámbito internacional la tendencia ha sido eliminar o limitar esta práctica por considerarla contraria a los derechos humanos.
Asimismo, consideró urgente que tanto los poderes Legislativo como Judicial abran el debate para revisar a fondo la figura de la prisión preventiva oficiosa y avanzar hacia un modelo de justicia más garantista. “Hay políticos con apertura de criterio y asesores que pueden impulsar este cambio, pero se requiere voluntad real para erradicar una práctica que ha lastimado a muchas personas inocentes”, expresó.
El abogado insistió en que mantener la prisión preventiva oficiosa “es una violación directa a los derechos humanos” y reiteró su llamado a las autoridades a dejar de utilizar el derecho penal con fines políticos o de persecución.
En entrevista, el defensor de los implicados en la serie documental “Duda Razonable” sostuvo que este mecanismo, lejos de garantizar justicia, se ha convertido en una herramienta utilizada con fines políticos. “En muchos casos, la prisión preventiva se usa como una especie de vendetta contra adversarios, lo que contradice los principios fundamentales del derecho penal y del debido proceso”, afirmó.
Magaña Ovando subrayó que este problema es exclusivamente nacional, ya que en el ámbito internacional la tendencia ha sido eliminar o limitar esta práctica por considerarla contraria a los derechos humanos.
Asimismo, consideró urgente que tanto los poderes Legislativo como Judicial abran el debate para revisar a fondo la figura de la prisión preventiva oficiosa y avanzar hacia un modelo de justicia más garantista. “Hay políticos con apertura de criterio y asesores que pueden impulsar este cambio, pero se requiere voluntad real para erradicar una práctica que ha lastimado a muchas personas inocentes”, expresó.
El abogado insistió en que mantener la prisión preventiva oficiosa “es una violación directa a los derechos humanos” y reiteró su llamado a las autoridades a dejar de utilizar el derecho penal con fines políticos o de persecución.