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M. Albert Hernández
Tabasco
Vendedores ambulantes que se encontraban en los alrededores del mercado José María Pino Suárez acudieron al Poder Judicial de la Federación para interponer una demanda de amparo en contra de la reubicación que les fue impuesta por autoridades estatales y municipales.
El recurso legal fue promovido este fin de semana y es respaldado por el dirigente del PRI en Tabasco, Miguel Barrueta Cano, quien explicó que el amparo se sustenta en tres vertientes principales: la presunta violación a derechos adquiridos de los comerciantes, la aplicación selectiva de la ley y las condiciones inadecuadas del sitio al que se pretende trasladarlos.
Barrueta Cano señaló que varios de los comerciantes retirados del área del mercado Pino Suárez cuentan con más de 10 años laborando de manera fija o semifija en la zona, además de documentación que acredita su permanencia, por lo que consideró “incomprensible” la decisión del gobierno de desalojarlos.
Como segundo argumento, denunció una aplicación diferenciada de la normatividad, al asegurar que las medidas implementadas en el mercado Pino Suárez no se han replicado en otros mercados como los de Tamulté y Atasta.
La tercera vertiente del amparo, explicó, está relacionada con el traslado de los comerciantes al mercado tianguis Villahermosa, ubicado en la colonia Casa Blanca, el cual —dijo— no cuenta con condiciones mínimas de seguridad, higiene, servicios básicos ni adecuada transitabilidad para clientes y vendedores.
Asimismo, acusó que no ha existido una mesa de diálogo efectiva para atender las inconformidades del sector y buscar soluciones consensuadas.
El recurso legal fue promovido este fin de semana y es respaldado por el dirigente del PRI en Tabasco, Miguel Barrueta Cano, quien explicó que el amparo se sustenta en tres vertientes principales: la presunta violación a derechos adquiridos de los comerciantes, la aplicación selectiva de la ley y las condiciones inadecuadas del sitio al que se pretende trasladarlos.
Barrueta Cano señaló que varios de los comerciantes retirados del área del mercado Pino Suárez cuentan con más de 10 años laborando de manera fija o semifija en la zona, además de documentación que acredita su permanencia, por lo que consideró “incomprensible” la decisión del gobierno de desalojarlos.
Como segundo argumento, denunció una aplicación diferenciada de la normatividad, al asegurar que las medidas implementadas en el mercado Pino Suárez no se han replicado en otros mercados como los de Tamulté y Atasta.
La tercera vertiente del amparo, explicó, está relacionada con el traslado de los comerciantes al mercado tianguis Villahermosa, ubicado en la colonia Casa Blanca, el cual —dijo— no cuenta con condiciones mínimas de seguridad, higiene, servicios básicos ni adecuada transitabilidad para clientes y vendedores.
Asimismo, acusó que no ha existido una mesa de diálogo efectiva para atender las inconformidades del sector y buscar soluciones consensuadas.