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Redacción
Tabasco
Como parte del fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad, Tabasco dio un paso decisivo en el combate al delito de extorsión, con la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión en el Estado, que contempla la creación de una fiscalía especializada y el endurecimiento de penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan este ilícito.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) recordó que esta nueva legislación fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 25 de febrero, y permitirá realizar investigaciones autónomas, con la facultad de perseguir el delito de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia directa.
“Esto significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones de manera inmediata, protegiendo a las víctimas y debilitando las redes criminales que operan en este delito”, subrayó.
Destacó que esta medida se suma a los cambios estructurales impulsados a nivel nacional para frenar la extorsión, y fortalece las capacidades del estado para enfrentar de manera frontal a los grupos delictivos.
Entre los puntos clave de la nueva normatividad, se establece la obligación de instalar equipos de bloqueo de señal celular y radiocomunicación en los centros de reclusión, con el objetivo de impedir que desde ahí se realicen llamadas de extorsión.
Asimismo, se reforzará la denuncia ciudadana a través de los números 089 y 911, garantizando atención inmediata, confidencialidad y acompañamiento institucional a las víctimas.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) recordó que esta nueva legislación fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 25 de febrero, y permitirá realizar investigaciones autónomas, con la facultad de perseguir el delito de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia directa.
“Esto significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones de manera inmediata, protegiendo a las víctimas y debilitando las redes criminales que operan en este delito”, subrayó.
Destacó que esta medida se suma a los cambios estructurales impulsados a nivel nacional para frenar la extorsión, y fortalece las capacidades del estado para enfrentar de manera frontal a los grupos delictivos.
Entre los puntos clave de la nueva normatividad, se establece la obligación de instalar equipos de bloqueo de señal celular y radiocomunicación en los centros de reclusión, con el objetivo de impedir que desde ahí se realicen llamadas de extorsión.
Asimismo, se reforzará la denuncia ciudadana a través de los números 089 y 911, garantizando atención inmediata, confidencialidad y acompañamiento institucional a las víctimas.