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Redacción
Tabasco
El Gobierno del estado de Tabasco emitió un acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de Paz y Justicia Cívica, un órgano colegiado de carácter consultivo e interinstitucional, cuyo objetivo será articular esfuerzos entre autoridades y sociedad para fortalecer la cultura de paz y la convivencia social.
De acuerdo con el documento publicado el 15 de abril el Periódico Oficial, este Consejo no será vinculante y tendrá como función principal diseñar, promover, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a la reconstrucción del tejido social, así como al fortalecimiento de la justicia cívica en la entidad.
El nuevo organismo estará integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores académico, productivo, religioso y de la sociedad civil.
Será presidido por el titular del Poder Ejecutivo estatal, mientras que la Secretaría de Gobierno fungirá como Secretaría Ejecutiva.
Entre sus atribuciones destacan la elaboración del Plan Estatal de Construcción de Paz, la coordinación de estrategias entre municipios, la promoción de proyectos para atender problemáticas como la violencia y la desigualdad, y la creación de redes intermunicipales para compartir buenas prácticas.
Asimismo, el Consejo impulsará modelos de justicia restaurativa, mediación y reparación del daño, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, además de fomentar procesos de capacitación dirigidos a servidores públicos y actores comunitarios.
El acuerdo también establece que el Consejo deberá generar indicadores para medir el impacto de las políticas en materia de seguridad, cohesión social y cultura de paz, así como emitir reportes trimestrales sobre avances y desafíos.
Como parte de su operación, contará con una Secretaría Técnica encargada de la planeación, organización y seguimiento de sus actividades. Sus sesiones se llevarán a cabo de manera trimestral.
Finalmente, se establece que el Consejo deberá instalarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.
De acuerdo con el documento publicado el 15 de abril el Periódico Oficial, este Consejo no será vinculante y tendrá como función principal diseñar, promover, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a la reconstrucción del tejido social, así como al fortalecimiento de la justicia cívica en la entidad.
El nuevo organismo estará integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores académico, productivo, religioso y de la sociedad civil.
Será presidido por el titular del Poder Ejecutivo estatal, mientras que la Secretaría de Gobierno fungirá como Secretaría Ejecutiva.
Entre sus atribuciones destacan la elaboración del Plan Estatal de Construcción de Paz, la coordinación de estrategias entre municipios, la promoción de proyectos para atender problemáticas como la violencia y la desigualdad, y la creación de redes intermunicipales para compartir buenas prácticas.
Asimismo, el Consejo impulsará modelos de justicia restaurativa, mediación y reparación del daño, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, además de fomentar procesos de capacitación dirigidos a servidores públicos y actores comunitarios.
El acuerdo también establece que el Consejo deberá generar indicadores para medir el impacto de las políticas en materia de seguridad, cohesión social y cultura de paz, así como emitir reportes trimestrales sobre avances y desafíos.
Como parte de su operación, contará con una Secretaría Técnica encargada de la planeación, organización y seguimiento de sus actividades. Sus sesiones se llevarán a cabo de manera trimestral.
Finalmente, se establece que el Consejo deberá instalarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.