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M. Albert Hernández
Tabasco
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una pena de hasta 50 años de prisión para los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presuntamente involucrados en el homicidio del joven Rodrigo Isidro Ricárdez, ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en el municipio de Centro y que inicialmente fue reportado como un accidente vehicular.
En conferencia de prensa, el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aseguró que las investigaciones permitieron descartar la versión inicial y establecer que la muerte de la víctima fue consecuencia de disparos de arma de fuego presuntamente realizados por policías estatales.
"Los datos recabados durante la investigación permitieron acreditar que la causa de la muerte no correspondía a un hecho accidental, sino a un homicidio derivado de disparos efectuados presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado", sostuvo.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Ramsés Obed Rodríguez Corona, explicó que el caso comenzó tras el reporte de un vehículo Nissan Sentra que presuntamente se había impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, durante las primeras diligencias ministeriales y periciales fueron detectadas lesiones compatibles con impactos de arma de fuego en el cuerpo de Rodrigo Isidro, lo que llevó a reclasificar el caso como homicidio e iniciar una investigación especializada.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, alrededor de las 19:30 horas del 14 de noviembre de 2025, cuatro policías estatales que viajaban en la patrulla 72-505 iniciaron una persecución contra el vehículo conducido por la víctima.
"Los actos de investigación y los diversos dictámenes periciales permitieron acreditar que durante dicha persecución fueron efectuados disparos contra la unidad y como consecuencia de las lesiones producidas por los proyectiles de arma de fuego, la víctima perdió el control del vehículo y posteriormente se impactó contra un poste", detalló el fiscal especializado.
Derivado de las pruebas reunidas, el 23 de noviembre de 2025 fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra los cuatro elementos policiacos. Cinco días después, el 28 de noviembre, un juez determinó vincularlos a proceso al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable participación en los hechos.
La investigación complementaria concluyó el 28 de marzo de 2026 y la acusación formal fue presentada el 23 de abril. Durante la audiencia intermedia celebrada el pasado 29 de mayo, el Ministerio Público solicitó una condena de 50 años de prisión para cada uno de los imputados, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
Asimismo, la Fiscalía pidió una reparación integral del daño por 407 mil 48 pesos, cantidad que podría incrementarse durante la etapa de ejecución de sanciones, conforme a la información que aporten las víctimas indirectas.
Rodríguez Corona informó que para esclarecer el caso se realizaron más de 166 diligencias y requerimientos de información, incluyendo análisis de videograbaciones de cámaras públicas y privadas, entrevistas a familiares, testigos, policías y funcionarios, así como estudios periciales en criminalística, balística, genética forense, tránsito terrestre y planimetría.
Además, reveló que desde el 10 de diciembre de 2025 se abrió una segunda carpeta de investigación para determinar si existieron actos de encubrimiento o la participación de otros servidores públicos después del homicidio.
Esta línea de investigación continúa vigente y contempla el análisis de actuaciones del personal de guardia, armamento asignado, cartuchos utilizados, registro de vehículos oficiales y demás elementos que permitan determinar si existen responsabilidades adicionales, explicó.
La Fiscalía aseguró que el caso continúa abierto y que las investigaciones seguirán su curso, independientemente del proceso penal que enfrentarán los cuatro policías en juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aseguró que las investigaciones permitieron descartar la versión inicial y establecer que la muerte de la víctima fue consecuencia de disparos de arma de fuego presuntamente realizados por policías estatales.
"Los datos recabados durante la investigación permitieron acreditar que la causa de la muerte no correspondía a un hecho accidental, sino a un homicidio derivado de disparos efectuados presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado", sostuvo.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Ramsés Obed Rodríguez Corona, explicó que el caso comenzó tras el reporte de un vehículo Nissan Sentra que presuntamente se había impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, durante las primeras diligencias ministeriales y periciales fueron detectadas lesiones compatibles con impactos de arma de fuego en el cuerpo de Rodrigo Isidro, lo que llevó a reclasificar el caso como homicidio e iniciar una investigación especializada.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, alrededor de las 19:30 horas del 14 de noviembre de 2025, cuatro policías estatales que viajaban en la patrulla 72-505 iniciaron una persecución contra el vehículo conducido por la víctima.
"Los actos de investigación y los diversos dictámenes periciales permitieron acreditar que durante dicha persecución fueron efectuados disparos contra la unidad y como consecuencia de las lesiones producidas por los proyectiles de arma de fuego, la víctima perdió el control del vehículo y posteriormente se impactó contra un poste", detalló el fiscal especializado.
Derivado de las pruebas reunidas, el 23 de noviembre de 2025 fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra los cuatro elementos policiacos. Cinco días después, el 28 de noviembre, un juez determinó vincularlos a proceso al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable participación en los hechos.
La investigación complementaria concluyó el 28 de marzo de 2026 y la acusación formal fue presentada el 23 de abril. Durante la audiencia intermedia celebrada el pasado 29 de mayo, el Ministerio Público solicitó una condena de 50 años de prisión para cada uno de los imputados, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
Asimismo, la Fiscalía pidió una reparación integral del daño por 407 mil 48 pesos, cantidad que podría incrementarse durante la etapa de ejecución de sanciones, conforme a la información que aporten las víctimas indirectas.
Rodríguez Corona informó que para esclarecer el caso se realizaron más de 166 diligencias y requerimientos de información, incluyendo análisis de videograbaciones de cámaras públicas y privadas, entrevistas a familiares, testigos, policías y funcionarios, así como estudios periciales en criminalística, balística, genética forense, tránsito terrestre y planimetría.
Además, reveló que desde el 10 de diciembre de 2025 se abrió una segunda carpeta de investigación para determinar si existieron actos de encubrimiento o la participación de otros servidores públicos después del homicidio.
Esta línea de investigación continúa vigente y contempla el análisis de actuaciones del personal de guardia, armamento asignado, cartuchos utilizados, registro de vehículos oficiales y demás elementos que permitan determinar si existen responsabilidades adicionales, explicó.
La Fiscalía aseguró que el caso continúa abierto y que las investigaciones seguirán su curso, independientemente del proceso penal que enfrentarán los cuatro policías en juicio oral.