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M. Albert Hernández
Tabasco
La consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Ángela Guadalupe Araujo Segura, consideró necesaria una reforma que permita sancionar de manera más efectiva a quienes se adelantan a los tiempos electorales y realizan actividades con fines político-electorales antes del inicio formal de los procesos.
Al ser cuestionada sobre las constantes denuncias de promoción anticipada de aspirantes y las llamadas "campañas negras" en redes sociales, la consejera reconoció que la legislación vigente presenta limitaciones para actuar en determinados casos.
Explicó que actualmente la ley establece como requisito la existencia de llamados explícitos al voto para configurar una infracción electoral, lo que deja zonas grises cuando actores políticos realizan actividades de promoción personal sin solicitar directamente el respaldo ciudadano.
Araujo Segura señaló que uno de los principales retos para las autoridades electorales es la velocidad con la que se difunden contenidos en redes sociales, ya que en muchas ocasiones las publicaciones denunciadas son eliminadas antes de que el instituto pueda certificarlas y utilizarlas como evidencia en un procedimiento sancionador.
Señaló que tanto el IEPCT como el Instituto Nacional Electoral enfrentan dificultades similares para atender conductas que ocurren en plataformas digitales.
Indicó que cualquier modificación legal correspondería al Congreso del Estado, aunque reconoció que se trata de un tema que requerirá análisis técnico y consenso político para fortalecer las herramientas de vigilancia y sanción en materia electoral.
Al ser cuestionada sobre las constantes denuncias de promoción anticipada de aspirantes y las llamadas "campañas negras" en redes sociales, la consejera reconoció que la legislación vigente presenta limitaciones para actuar en determinados casos.
Explicó que actualmente la ley establece como requisito la existencia de llamados explícitos al voto para configurar una infracción electoral, lo que deja zonas grises cuando actores políticos realizan actividades de promoción personal sin solicitar directamente el respaldo ciudadano.
Araujo Segura señaló que uno de los principales retos para las autoridades electorales es la velocidad con la que se difunden contenidos en redes sociales, ya que en muchas ocasiones las publicaciones denunciadas son eliminadas antes de que el instituto pueda certificarlas y utilizarlas como evidencia en un procedimiento sancionador.
Señaló que tanto el IEPCT como el Instituto Nacional Electoral enfrentan dificultades similares para atender conductas que ocurren en plataformas digitales.
Indicó que cualquier modificación legal correspondería al Congreso del Estado, aunque reconoció que se trata de un tema que requerirá análisis técnico y consenso político para fortalecer las herramientas de vigilancia y sanción en materia electoral.