57 vistas
Redacción
Tabasco
El fiscal general del Estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) respeta la manifestación que este miércoles realizaron trabajadores en la sede de la dependencia, ubicada sobre la avenida Usumacinta, donde reclamaron el despido de elementos de la Policía de Investigación y de otras áreas, así como diversas demandas laborales.
Entrevistado durante la Jornada de Atención realizada en el municipio de Huimanguillo, el titular de la FGE sostuvo que las protestas son válidas siempre que se desarrollen con orden y sin afectar los derechos de terceros.
Explicó que una de las principales inconformidades corresponde a la solicitud de un ajuste al salario base, tema que, aseguró, es el único punto pendiente de una minuta de acuerdos firmada meses atrás entre representantes de los trabajadores y la institución.
"Nos reunimos con esos representantes, tenemos una minuta firmada de cada una de las peticiones que realizaron y solamente nos hace falta una, que es solicitar el ajuste a su salario base. De ahí en fuera todas sus peticiones ya están cubiertas", señaló.
Vázquez Landeros indicó que las mejoras solicitadas en infraestructura y equipamiento, como baños, vestidores y otros insumos para el personal, ya fueron atendidas y se encuentran en proceso de adquisición.
Respecto al despido de servidores públicos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, aclaró que la Fiscalía no tiene facultades para determinar los resultados de dichas evaluaciones, ya que éstas son realizadas por un centro evaluador externo, conforme a lo establecido en la ley.
Subrayó que los controles de confianza son obligatorios tanto para el ingreso como para la permanencia del personal dedicado a tareas de procuración de justicia y seguridad pública, incluyendo al propio fiscal, vicefiscales, directores generales y demás mandos.
"Este procedimiento no es una decisión de la Fiscalía. Nosotros no contamos con un centro evaluador; quien realiza estas evaluaciones lo hace por mandato de ley. El resultado es responsabilidad únicamente de la persona que presenta su control de confianza", puntualizó.
El fiscal reconoció que lamenta la situación de los trabajadores que resultaron no aptos para continuar en el servicio, aunque enfatizó que existen mecanismos legales para impugnar los resultados, por lo que los afectados pueden hacer valer los recursos que la legislación les concede.
Asimismo, reiteró que la FGE será respetuosa de las manifestaciones y de los procedimientos jurídicos que emprendan los inconformes.
"Respetamos el derecho de mis compañeros a manifestarse. Ellos saben que existe una minuta de acuerdos y que solamente falta un punto por atender. También conocen que cuentan con procedimientos legales a los que pueden recurrir y nosotros seremos respetuosos de lo que determinen las instancias correspondientes", concluyó.
Entrevistado durante la Jornada de Atención realizada en el municipio de Huimanguillo, el titular de la FGE sostuvo que las protestas son válidas siempre que se desarrollen con orden y sin afectar los derechos de terceros.
Explicó que una de las principales inconformidades corresponde a la solicitud de un ajuste al salario base, tema que, aseguró, es el único punto pendiente de una minuta de acuerdos firmada meses atrás entre representantes de los trabajadores y la institución.
"Nos reunimos con esos representantes, tenemos una minuta firmada de cada una de las peticiones que realizaron y solamente nos hace falta una, que es solicitar el ajuste a su salario base. De ahí en fuera todas sus peticiones ya están cubiertas", señaló.
Vázquez Landeros indicó que las mejoras solicitadas en infraestructura y equipamiento, como baños, vestidores y otros insumos para el personal, ya fueron atendidas y se encuentran en proceso de adquisición.
Respecto al despido de servidores públicos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, aclaró que la Fiscalía no tiene facultades para determinar los resultados de dichas evaluaciones, ya que éstas son realizadas por un centro evaluador externo, conforme a lo establecido en la ley.
Subrayó que los controles de confianza son obligatorios tanto para el ingreso como para la permanencia del personal dedicado a tareas de procuración de justicia y seguridad pública, incluyendo al propio fiscal, vicefiscales, directores generales y demás mandos.
"Este procedimiento no es una decisión de la Fiscalía. Nosotros no contamos con un centro evaluador; quien realiza estas evaluaciones lo hace por mandato de ley. El resultado es responsabilidad únicamente de la persona que presenta su control de confianza", puntualizó.
El fiscal reconoció que lamenta la situación de los trabajadores que resultaron no aptos para continuar en el servicio, aunque enfatizó que existen mecanismos legales para impugnar los resultados, por lo que los afectados pueden hacer valer los recursos que la legislación les concede.
Asimismo, reiteró que la FGE será respetuosa de las manifestaciones y de los procedimientos jurídicos que emprendan los inconformes.
"Respetamos el derecho de mis compañeros a manifestarse. Ellos saben que existe una minuta de acuerdos y que solamente falta un punto por atender. También conocen que cuentan con procedimientos legales a los que pueden recurrir y nosotros seremos respetuosos de lo que determinen las instancias correspondientes", concluyó.