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Redacción
Policiaca
Tras la difusión de una carta atribuida a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, en la que se declara inocente y denuncia una presunta persecución política, el fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aseguró que la Fiscalía ha respetado en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia del exfuncionario.
En entrevista en Al Aire con Marlene Escandón, el fiscal señaló que Bermúdez Requena enfrenta tres carpetas de investigación por diversos delitos y sostuvo que la institución continuará actuando conforme a sus obligaciones constitucionales, al tiempo que atenderá los derechos de las víctimas.
“También las familias tienen derecho a la verdad, esas víctimas directas e indirectas. Es importante comentarlo”, afirmó Vázquez Landeros.
Detalló que una de las investigaciones corresponde a los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, en la que se presume la creación de un grupo de policías durante el periodo en que Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad, así como la participación de terceros para obligar a una víctima a vender combustible de procedencia ilegal y entregar una gasolinera.
De acuerdo con el fiscal, por estos hechos la pena podría alcanzar aproximadamente entre 74 y 154 años de prisión.
La segunda carpeta corresponde al delito de peculado, por el que podría enfrentar una pena de entre dos y 14 años de prisión.
Vázquez Landeros explicó que se investiga la presunta recepción de vehículos destinados a funciones de seguridad pública y su posterior distracción para obtener un beneficio particular.
Indicó que la Fiscalía solicitó una ampliación de dos meses al periodo de investigación complementaria y que continúa trabajando para presentar la acusación correspondiente.
En cuanto al delito de desaparición forzada, señaló que el plazo de investigación vence el próximo 4 de octubre. Precisó que en este caso las penas podrían alcanzar entre 40 y 60 años de prisión por cada víctima.
Añadió que existe una circunstancia que podría agravar la sanción, debido a que entre las víctimas se encuentra una mujer.
“En el tema de desaparición forzada, en las tres carpetas de investigación hablamos de aproximadamente una pena de 40 a 60 años de prisión por cada víctima. Hay una femenina donde se agravaría en una mitad”, explicó.
El fiscal enfatizó que la Fiscalía no ha vulnerado los derechos del imputado y que será un juez quien determine su responsabilidad jurídica.
“Nosotros seguimos considerando y respetando su presunción de inocencia. Nosotros tenemos una obligación constitucional”, sostuvo.
Vázquez Landeros también rechazó que la autoridad pretenda litigar el caso en medios de comunicación o redes sociales, al señalar que las estrategias de defensa y las acusaciones deben desahogarse ante los tribunales.
“Al final quien va a decidir es un juez. Yo creo que es importante que sus asesores, sus defensores lleven a cabo su estrategia legal en el juzgado y no por medio escrito y en redes sociales”, manifestó.
Finalmente, aseguró que se continuará informando sobre los avances que puedan hacerse públicos, siempre que se respete la secrecía de las investigaciones y los derechos de todas las partes involucradas.