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Tabasco
M. Albert Hernández
Juan Manuel González Rubio denunció públicamente que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco sigue cometiendo presuntas irregularidades en el proceso judicial sobre la guardia y custodia de su hijo de ocho años.
El padre aseguró que hasta la fecha ha promovido alrededor de 40 amparos contra resoluciones que considera “amañadas, parciales y carentes de objetividad”, argumentando que vulneran los derechos del menor y su interés superior.
De acuerdo con González Rubio, el niño habría expresado su negativa a convivir con su madre por supuestos episodios de maltrato y amenazas, lo que, según su versión, no ha sido valorado adecuadamente por la autoridad jurisdiccional.
“Mi hijo sigue siendo revictimizado y violentado judicialmente. Lo quieren obligar a convivir con su mamá cuando se rehúsa tajantemente a ello y le teme, al punto de orinarse cuando sabe que tendrá contacto con ella, aunque sea de manera virtual”, declaró.
Asimismo, sostuvo que el juzgado ha desestimado peritajes que documentarían afectaciones emocionales del menor, además de ordenar nuevas valoraciones psicológicas que, afirmó, no contarían con especialistas infantiles.
González Rubio señaló particularmente a la jueza Marta Eugenia Orozco Jiménez, del Segundo Juzgado Familiar, a quien responsabilizó de emitir resoluciones contrarias al interés del niño. Agregó que, a su parecer, se ha dado un desgaste emocional y jurídico constante.
Además, acusó que la madre del niño trabaja en el Instituto Estatal de las Mujeres, desde donde recibe apoyo para presentar el caso como violencia vicaria.
Juan Manuel González Rubio denunció públicamente que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco sigue cometiendo presuntas irregularidades en el proceso judicial sobre la guardia y custodia de su hijo de ocho años.
El padre aseguró que hasta la fecha ha promovido alrededor de 40 amparos contra resoluciones que considera “amañadas, parciales y carentes de objetividad”, argumentando que vulneran los derechos del menor y su interés superior.
De acuerdo con González Rubio, el niño habría expresado su negativa a convivir con su madre por supuestos episodios de maltrato y amenazas, lo que, según su versión, no ha sido valorado adecuadamente por la autoridad jurisdiccional.
“Mi hijo sigue siendo revictimizado y violentado judicialmente. Lo quieren obligar a convivir con su mamá cuando se rehúsa tajantemente a ello y le teme, al punto de orinarse cuando sabe que tendrá contacto con ella, aunque sea de manera virtual”, declaró.
Asimismo, sostuvo que el juzgado ha desestimado peritajes que documentarían afectaciones emocionales del menor, además de ordenar nuevas valoraciones psicológicas que, afirmó, no contarían con especialistas infantiles.
González Rubio señaló particularmente a la jueza Marta Eugenia Orozco Jiménez, del Segundo Juzgado Familiar, a quien responsabilizó de emitir resoluciones contrarias al interés del niño. Agregó que, a su parecer, se ha dado un desgaste emocional y jurídico constante.
Además, acusó que la madre del niño trabaja en el Instituto Estatal de las Mujeres, desde donde recibe apoyo para presentar el caso como violencia vicaria.