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Tabasco
M. Albert Hernández
En los primeros siete meses de este año, Tabasco ha registrado ocho casos de evasión de reos (fugas) en sus centros penitenciarios, la cifra más alta en los últimos siete años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los registros señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió ocho carpetas de investigación por este delito entre enero y julio de 2025: seis en junio, una en marzo y otra en abril. Con ello, el estado igualó el total de casos ocurridos en 2021, año que hasta ahora encabezaba la estadística.
Desde 2019 a la fecha, Tabasco acumula 34 fugas documentadas por la FGE: seis en 2019, cuatro en 2020, ocho en 2021, una en 2022, cuatro en 2023, tres en 2024 y las ocho de este 2025.
El artículo 274 del Código Penal de Tabasco establece que quien favorezca la evasión de una persona detenida, procesada o condenada enfrentará de uno a nueve años de prisión.
Si el responsable es servidor público, la sanción aumenta a entre dos y doce años, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.
En caso de que la fuga involucre a dos o más internos, las penas se incrementan hasta en una mitad.
En los primeros siete meses de este año, Tabasco ha registrado ocho casos de evasión de reos (fugas) en sus centros penitenciarios, la cifra más alta en los últimos siete años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los registros señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió ocho carpetas de investigación por este delito entre enero y julio de 2025: seis en junio, una en marzo y otra en abril. Con ello, el estado igualó el total de casos ocurridos en 2021, año que hasta ahora encabezaba la estadística.
Desde 2019 a la fecha, Tabasco acumula 34 fugas documentadas por la FGE: seis en 2019, cuatro en 2020, ocho en 2021, una en 2022, cuatro en 2023, tres en 2024 y las ocho de este 2025.
El artículo 274 del Código Penal de Tabasco establece que quien favorezca la evasión de una persona detenida, procesada o condenada enfrentará de uno a nueve años de prisión.
Si el responsable es servidor público, la sanción aumenta a entre dos y doce años, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.
En caso de que la fuga involucre a dos o más internos, las penas se incrementan hasta en una mitad.