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Redacción
Municipios
Más de 200 madres y padres de familia del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Paraíso, exigieron al gobierno federal la reubicación inmediata de ambos planteles escolares, los cuales colindan barda con barda con la refinería Olmeca de Dos Bocas.
De acuerdo a los padres, la cercanía expone diariamente a niñas, niños y personal docente a graves riesgos ambientales, sanitarios y de protección civil.
En una conferencia de prensa, las familias denunciaron que desde hace siete años han intentado que se reubiquen las escuelas sin una solución clara. El pasado 19 de noviembre de 2024 entregaron un oficio dirigido a Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solicitando formalmente la reubicación de las escuelas y la implementación de medidas urgentes de protección, pero no han recibido respuesta alguna por parte de la SEP.
Las familias señalaron que las escuelas se encuentran a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico y potencialmente mortal.
Los inconformes recriminaron que esta situación, viola flagrantemente la propia normatividad educativa mexicana, que prohíbe la localización de escuelas en las inmediaciones de instalaciones industriales peligrosas.
A pesar de ello, denunciaron que no existen protocolos de seguridad adecuados, ni alarmas, ni rutas claras de evacuación en los planteles.
Explicaron que desde el inicio de la operación de la refinería se han vuelto cotidianos los olores a gas, el ruido ensordecedor constante, la presencia de humo negro y la caída de partículas, así como síntomas de mareo, náuseas y problemas respiratorios en las niñas y niños, lo que incluso ha obligado a evacuar las escuelas en varias ocasiones.
Las madres y padres hicieron un llamado urgente a la presidenta de la República y al gobernador de Tabasco, “no sólo como autoridades sino como madre y padre que son”, para que asuman su responsabilidad y actúen de manera inmediata.
De no hacerlo, advirtieron, el gobierno federal estaría poniendo en peligro la vida y la integridad de niñas, niños y docentes, además de violarse su derecho constitucional a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto constitucional.
En suma, las madres de familia expusieron los efectos que esta situación ha ocasionado en sus hijos, hecho que les preocupa por tratarse de la salud y la vida de los menores.
Frente a ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Conexiones Climáticas, se sumaron a la exigencia de estas familias.
La Asociación consideró indignante que las niñas y los niños vean comprometida su salud y su futuro cuando están empezando a construirlo. Afirmaron que es inaceptable que, frente a riesgos conocidos y documentados, y violando normas vigentes, las autoridades responsables mantengan una omisión prolongada, aun teniendo las atribuciones y los recursos para actuar.
Es así que respaldaron la reubicación inmediata de las escuelas preescolar y primaria fuera de la zona de riesgo; la apertura de un canal de comunicación formal, constante y accesible, que proporcione información suficiente, veraz, con autoridades capaces de tomar decisiones para atender el problema, y la elaboración y socialización de un plan de protección civil que garantice una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier emergencia relacionada con la operación de la refinería, mientras las escuelas son reubicadas.
De acuerdo a los padres, la cercanía expone diariamente a niñas, niños y personal docente a graves riesgos ambientales, sanitarios y de protección civil.
En una conferencia de prensa, las familias denunciaron que desde hace siete años han intentado que se reubiquen las escuelas sin una solución clara. El pasado 19 de noviembre de 2024 entregaron un oficio dirigido a Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solicitando formalmente la reubicación de las escuelas y la implementación de medidas urgentes de protección, pero no han recibido respuesta alguna por parte de la SEP.
Las familias señalaron que las escuelas se encuentran a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico y potencialmente mortal.
Los inconformes recriminaron que esta situación, viola flagrantemente la propia normatividad educativa mexicana, que prohíbe la localización de escuelas en las inmediaciones de instalaciones industriales peligrosas.
A pesar de ello, denunciaron que no existen protocolos de seguridad adecuados, ni alarmas, ni rutas claras de evacuación en los planteles.
Explicaron que desde el inicio de la operación de la refinería se han vuelto cotidianos los olores a gas, el ruido ensordecedor constante, la presencia de humo negro y la caída de partículas, así como síntomas de mareo, náuseas y problemas respiratorios en las niñas y niños, lo que incluso ha obligado a evacuar las escuelas en varias ocasiones.
Las madres y padres hicieron un llamado urgente a la presidenta de la República y al gobernador de Tabasco, “no sólo como autoridades sino como madre y padre que son”, para que asuman su responsabilidad y actúen de manera inmediata.
De no hacerlo, advirtieron, el gobierno federal estaría poniendo en peligro la vida y la integridad de niñas, niños y docentes, además de violarse su derecho constitucional a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto constitucional.
En suma, las madres de familia expusieron los efectos que esta situación ha ocasionado en sus hijos, hecho que les preocupa por tratarse de la salud y la vida de los menores.
Frente a ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Conexiones Climáticas, se sumaron a la exigencia de estas familias.
La Asociación consideró indignante que las niñas y los niños vean comprometida su salud y su futuro cuando están empezando a construirlo. Afirmaron que es inaceptable que, frente a riesgos conocidos y documentados, y violando normas vigentes, las autoridades responsables mantengan una omisión prolongada, aun teniendo las atribuciones y los recursos para actuar.
Es así que respaldaron la reubicación inmediata de las escuelas preescolar y primaria fuera de la zona de riesgo; la apertura de un canal de comunicación formal, constante y accesible, que proporcione información suficiente, veraz, con autoridades capaces de tomar decisiones para atender el problema, y la elaboración y socialización de un plan de protección civil que garantice una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier emergencia relacionada con la operación de la refinería, mientras las escuelas son reubicadas.