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M. Albert Hernández
Policiaca
Por primera vez en sus registros oficiales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) incluyó el delito de tortura en sus estadísticas, revelando que durante enero de este año la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) inició 17 carpetas de investigación por este delito.
Con este nuevo indicador, Tabasco se posicionó como el segundo estado con mayor incidencia de tortura en la región sureste del país, solo por debajo de Quintana Roo, que reportó 20 casos en el mismo periodo.
En contraste, otras entidades de la región registraron cifras menores. Veracruz reportó siete investigaciones y Oaxaca cinco, mientras que Campeche, Chiapas y Yucatán no presentaron casos en sus registros.
Antes de esta medición oficial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) era la instancia que documentaba estos hechos a través de quejas ciudadanas.
De acuerdo con el organismo, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se recibieron 59 señalamientos por presuntos actos de tortura, cifra que representa un incremento significativo frente a los 22 casos reportados en el periodo anterior.
Según lo establecido en el artículo 261 del Código Penal de Tabasco, el delito de tortura es cometido por cualquier servidor público que, en ejercicio de sus funciones, inflija dolores o sufrimientos graves, o ejerza coacción física o moral con el objetivo de obtener información o confesiones, castigar a una persona o forzarla a realizar determinados actos.
Las sanciones previstas para este delito van de tres a 14 años de prisión, además de multas que pueden ir de 200 a 500 días.