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M. Albert Hernández
Tabasco
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) atraviesa una situación financiera crítica derivada de un fuerte recorte presupuestal, el desgaste de su patrimonio y diversos conflictos legales que presionan sus finanzas.
De acuerdo con su último informe financiero, el inventario de bienes muebles del organismo (que incluye vehículos, equipo de cómputo, plantas de luz y mobiliario de oficina) presenta una depreciación acumulada del 80 por ciento.
La inversión original en estos activos fue de 64 millones 72 mil pesos; sin embargo, su valor actual en libros se redujo a apenas 12 millones 279 mil pesos.
Tan solo durante el ejercicio 2025, el desgaste de estos equipos representó una pérdida de valor de 540 mil pesos.
A este deterioro patrimonial se suma la presión jurídica que enfrenta el organismo electoral. Actualmente mantiene abiertos 20 juicios laborales que, en caso de resolverse en su contra, implicarían un pago estimado de 8.4 millones de pesos.
Entre los expedientes con mayor riesgo financiero destacan el 040/2002 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con un reclamo de un millón 77 mil pesos, y el JLI-06/2024-II ante el Tribunal Electoral de Tabasco, por un monto de un millón 10 mil pesos.
Este panorama ocurre en medio de una reducción de recursos por parte del Ejecutivo estatal.
Para este año, el instituto opera con un presupuesto de 185.2 millones de pesos, cifra que representa apenas el 57 por ciento de los 321.5 millones que había solicitado originalmente para cumplir con sus funciones.
Ante este escenario, la consejera presidenta del organismo, Elizabeth Nava Gutiérrez, informó que en febrero el instituto solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tabasco una ampliación presupuestal de aproximadamente 30 millones de pesos para cubrir gastos operativos.
La funcionaria explicó que la petición fue presentada formalmente por escrito y actualmente se encuentran a la espera de la respuesta del Gobierno del Estado para conocer si el recurso será autorizado en su totalidad o bajo qué modalidad podría otorgarse.
Nava Gutiérrez precisó que los 30 millones solicitados no contemplan el inicio del próximo proceso electoral, sino que están destinados exclusivamente a garantizar la operatividad del instituto.
Agregó que parte de los recursos serían utilizados para realizar consultas ciudadanas relacionadas con acciones afirmativas, actividades que hasta el momento no se han podido ejecutar en campo debido a la falta de presupuesto.
De acuerdo con su último informe financiero, el inventario de bienes muebles del organismo (que incluye vehículos, equipo de cómputo, plantas de luz y mobiliario de oficina) presenta una depreciación acumulada del 80 por ciento.
La inversión original en estos activos fue de 64 millones 72 mil pesos; sin embargo, su valor actual en libros se redujo a apenas 12 millones 279 mil pesos.
Tan solo durante el ejercicio 2025, el desgaste de estos equipos representó una pérdida de valor de 540 mil pesos.
A este deterioro patrimonial se suma la presión jurídica que enfrenta el organismo electoral. Actualmente mantiene abiertos 20 juicios laborales que, en caso de resolverse en su contra, implicarían un pago estimado de 8.4 millones de pesos.
Entre los expedientes con mayor riesgo financiero destacan el 040/2002 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con un reclamo de un millón 77 mil pesos, y el JLI-06/2024-II ante el Tribunal Electoral de Tabasco, por un monto de un millón 10 mil pesos.
Este panorama ocurre en medio de una reducción de recursos por parte del Ejecutivo estatal.
Para este año, el instituto opera con un presupuesto de 185.2 millones de pesos, cifra que representa apenas el 57 por ciento de los 321.5 millones que había solicitado originalmente para cumplir con sus funciones.
Ante este escenario, la consejera presidenta del organismo, Elizabeth Nava Gutiérrez, informó que en febrero el instituto solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tabasco una ampliación presupuestal de aproximadamente 30 millones de pesos para cubrir gastos operativos.
La funcionaria explicó que la petición fue presentada formalmente por escrito y actualmente se encuentran a la espera de la respuesta del Gobierno del Estado para conocer si el recurso será autorizado en su totalidad o bajo qué modalidad podría otorgarse.
Nava Gutiérrez precisó que los 30 millones solicitados no contemplan el inicio del próximo proceso electoral, sino que están destinados exclusivamente a garantizar la operatividad del instituto.
Agregó que parte de los recursos serían utilizados para realizar consultas ciudadanas relacionadas con acciones afirmativas, actividades que hasta el momento no se han podido ejecutar en campo debido a la falta de presupuesto.