33 vistas
M. Albert Hernández
Tabasco
La Iglesia Presbiteriana de México emitió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas, luego de que autoridades de seguridad retiraran cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del templo Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén, ubicado en el centro de Villahermosa.
En el documento, firmado por el presidente del Presbiterio “Grijalva-Usumacinta”, Juan Marcos Pérez Alonso, así como por el presidente del Sínodo de Tabasco, Román Concepción González, se señala que el pasado 27 de mayo elementos de la corporación FIRT-OLMECA, acompañados por personal de la Guardia Nacional, acudieron al inmueble religioso para retirar equipos de vigilancia.
La organización religiosa explicó que posteriormente conoció, a través de redes sociales, un boletín oficial en el que se informó sobre el aseguramiento de 53 cámaras “parásitas” de videovigilancia, las cuales presuntamente podrían haber sido utilizadas de manera irregular o en actividades ilícitas.
Ante ello, la Iglesia Presbiteriana sostuvo que dicha afirmación es “falsa y carece de fundamento legal”, al asegurar que los equipos fueron adquiridos e instalados con recursos propios y con el único objetivo de prevenir delitos, disuadir actos ilícitos y proteger a feligreses, vecinos y transeúntes de la zona.
Asimismo, afirmó que las grabaciones obtenidas por estas cámaras han servido en diversas ocasiones como evidencia para denunciar robos, actos de vandalismo y otros delitos ante las autoridades competentes.
En el comunicado, la institución religiosa lamentó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana haya procedido al desmantelamiento de los dispositivos bajo el argumento de una presunta relación con actividades ilícitas, sin que, aseguran, se hayan presentado pruebas que sustenten dicha acusación.
La Iglesia Presbiteriana también consideró que esta acción afecta la seguridad de la comunidad y podría representar una vulneración a derechos constitucionales. Por ello, solicitó a las autoridades locales, estatales y federales investigar tanto la veracidad de los señalamientos como la legalidad del procedimiento realizado por FIRT-OLMECA.
Finalmente, la congregación reiteró que, desde su establecimiento en México en 1872, ha promovido valores como la educación, la salud, la transparencia y el respeto al Estado de derecho, por lo que calificó como “absolutamente falso y ofensivo” cualquier intento de relacionarla con actos delictivos.
En el documento, firmado por el presidente del Presbiterio “Grijalva-Usumacinta”, Juan Marcos Pérez Alonso, así como por el presidente del Sínodo de Tabasco, Román Concepción González, se señala que el pasado 27 de mayo elementos de la corporación FIRT-OLMECA, acompañados por personal de la Guardia Nacional, acudieron al inmueble religioso para retirar equipos de vigilancia.
La organización religiosa explicó que posteriormente conoció, a través de redes sociales, un boletín oficial en el que se informó sobre el aseguramiento de 53 cámaras “parásitas” de videovigilancia, las cuales presuntamente podrían haber sido utilizadas de manera irregular o en actividades ilícitas.
Ante ello, la Iglesia Presbiteriana sostuvo que dicha afirmación es “falsa y carece de fundamento legal”, al asegurar que los equipos fueron adquiridos e instalados con recursos propios y con el único objetivo de prevenir delitos, disuadir actos ilícitos y proteger a feligreses, vecinos y transeúntes de la zona.
Asimismo, afirmó que las grabaciones obtenidas por estas cámaras han servido en diversas ocasiones como evidencia para denunciar robos, actos de vandalismo y otros delitos ante las autoridades competentes.
En el comunicado, la institución religiosa lamentó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana haya procedido al desmantelamiento de los dispositivos bajo el argumento de una presunta relación con actividades ilícitas, sin que, aseguran, se hayan presentado pruebas que sustenten dicha acusación.
La Iglesia Presbiteriana también consideró que esta acción afecta la seguridad de la comunidad y podría representar una vulneración a derechos constitucionales. Por ello, solicitó a las autoridades locales, estatales y federales investigar tanto la veracidad de los señalamientos como la legalidad del procedimiento realizado por FIRT-OLMECA.
Finalmente, la congregación reiteró que, desde su establecimiento en México en 1872, ha promovido valores como la educación, la salud, la transparencia y el respeto al Estado de derecho, por lo que calificó como “absolutamente falso y ofensivo” cualquier intento de relacionarla con actos delictivos.